Actualizado: 26 de abril de 2024
NOMBRE: Popov Igor Anatoliyevich
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1966
Situación actual de la causa penal: Acusado
Artículos del Código Penal de la Federación de Rusia: 282.2 (1)
Detenido: 1 Día en el centro de detención temporal, 64 Días en el centro de detención preventiva, 78 Días Bajo arresto domiciliario
Limitaciones actuales: Prohibición de determinadas acciones

Biografía

El 13 de julio de 2020, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la región de Voronezh llevaron a cabo la operación especial a mayor escala contra los testigos de Jehová. Igor Popov, de 54 años, se convirtió en una de las víctimas de las acciones operativas. Tras el allanamiento fue enviado a un centro de detención preventiva.

Igor nació en julio de 1966 en Blagoveshchensk (región de Amur). El hermano mayor murió. De niño, a Igor le gustaba esquiar, orientarse y hacer rafting en los ríos de montaña.

Después de graduarse de una escuela vocacional, trabajó como pintor de yeso y técnico plomero-sanitario. Sirvió en el ejército.

En 1988 se casó con Lucien, una pareja tiene una hija, Elizabeth.

A principios de la década de 2000, Igor decidió alinear su vida con los valores cristianos, gracias al estudio de las Sagradas Escrituras.

A los cónyuges les gusta relajarse en la naturaleza. Antes de su arresto, debido al estado de salud de Lucien, Igor pasaba mucho tiempo cuidando a su esposa. Su salud se vio particularmente afectada por el enjuiciamiento penal de su esposo.

Historia del caso

En un solo día, el 13 de julio de 2020, se llevaron a cabo 110 registros en 7 asentamientos de la región de Voronezh, una operación sin precedentes contra los testigos de Jehová en Rusia. Cinco creyentes denunciaron torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Diez hombres de entre 24 y 56 años fueron acusados por el Comité de Investigación de organizar actividades extremistas y los enviaron a prisión, donde la mayoría de ellos permanecieron recluidos durante casi 5 meses. Los acontecimientos de Voronezh provocaron una amplia protesta pública: los países de la UE, así como el Reino Unido y los Estados Unidos, expresaron su pesar y desconcierto en relación con el incidente. Los propios creyentes no admiten su culpabilidad en el extremismo y subrayan que, como cristianos, respetan a las autoridades y practican pacíficamente su religión de acuerdo con el derecho constitucional. La consideración del caso en la corte comenzó en diciembre de 2021. Los creyentes enfrentan hasta 10 años de prisión.